POR GUILLERMO VILLARREAL
Ley evangélica de apuro
Publicado el 23/02/2013 - En busca de captar el “voto evangélico” en un año electoral, el Gobierno trabaja contrarreloj para derogar una ley decretada durante la dictadura militar, que incluye “un fichero de cultos” o sistema de fiscalización sobre actividades religiosas a las iglesias no católicas.
La presidenta Cristina Fernández ya ordenó a sus más inmediatos colaboradores apurar un nuevo encuadre legal que elimine o modifique el vigente Registro de Cultos y permita el reconocimiento “completo”, en particular, de numerosas denominaciones cristianas evangélicas.
La iniciativa en pos de “igualar” derechos con la Iglesia Católica, reconocidos en la Constitución Nacional, puede derivar en nuevo foco de tensión en la siempre conflictiva relación de la Casa Rosada con la Conferencia Episcopal Argentina.
Empero los obispos católicos consultados prefirieron no polemizar, aunque aclararon que no es correcto hablar de “privilegios” de la Iglesia y advirtieron que muchas veces se confunde libertad con igualdad religiosa.
El intento gubernamental en pos de un reconocimiento “efectivo” de la diversidad de opiniones de fe presentes en el país, comenzó a motorizarse después de que la primera mandataria recibió el pasado 10 de enero en la Casa Rosada a referentes de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).
Aquel encuentro tuvo carácter “histórico” porque era la primera vez, desde el advenimiento de la democracia, que un jefe de Estado mantenía una audiencia con una entidad representativa de las confesiones cristianas más antiguas.
En ese marco, Fernández de Kirchner escuchó los reclamos evangélicos y, según reveló el titular de la FAIE, Néstor Míguez, dispuso que se haga algo de inmediato para corregir lo que consideró una desigualdad religiosa. La tarea de avanzar en ese sentido quedó a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y del secretario de Culto, Guillermo Oliveri.
La polémica es de vieja data y se actualizó el año pasado, cuando Míguez reclamó en una audiencia pública por la reforma del Código Civil que no haya más privilegios para la Iglesia Católica y exigió que se avance en la separación de Iglesia y Estado, además de derogar la ley 21.745 que impone el Registro de Cultos.
Esta norma, vigente desde 1977, es cuestionada por quienes entienden que el Registro tiene sólo la intención de “fichar” y saber quién es quién en el ámbito religioso.
Y hasta generó chisporroteos en la interna eclesiástica, a raíz de que una reflexión del arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, en otra audiencia por el Código Civil que se interpretó como un guiño católico al reclamo evangélico.
“Si lo que se busca es una mayor igualdad religiosa, lo que debe procurarse es ‘igualar hacia arriba’, reconociendo el valor intrínseco de la dimensión religiosa, y no igualar hacia abajo quitando a la Iglesia Católica lo que en justicia le corresponde”, argumentó el prelado correntino.
Los referentes más conservadores de la Iglesia le saltaron a la yugular a Stanovnik y hasta se ocuparon de denostarlo en Roma, a fin de que se diluya una supuesta candidatura suya a suceder al cardenal Jorge Bergoglio al frente del arzobispado de Buenos Aires.
Sin embargo, en ambientes católicos es sabido que desde que Néstor Kirchner llegó al poder, el gobierno pretende derogar o introducir cambios en la Ley de Cultos.
La idea es impulsada por Oliveri, quien en varias oportunidades expresó la voluntad de “dar una vuelta de página definitiva” a esa norma legal impuesta por la dictadura.
Pese a ello, los proyectos de ley en este sentido nunca prosperaron en el Congreso. Incluso una iniciativa del diputado Alfredo Atanasoff en este sentido fue criticado por los evangélicos por incompleto, reglamentarista e inmiscuirse en la vida interna de los grupos religiosos.
Oliveri logró, sin embargo, flexibilizar en 2005 el Registro para facilitar el reconocimiento de la personería jurídica de las entidades religiosas no católicas, hasta entonces obligadas a establecerse como asociaciones civiles e impedidas de acceder a beneficios impositivos.
La presidenta Cristina Fernández ya ordenó a sus más inmediatos colaboradores apurar un nuevo encuadre legal que elimine o modifique el vigente Registro de Cultos y permita el reconocimiento “completo”, en particular, de numerosas denominaciones cristianas evangélicas.
La iniciativa en pos de “igualar” derechos con la Iglesia Católica, reconocidos en la Constitución Nacional, puede derivar en nuevo foco de tensión en la siempre conflictiva relación de la Casa Rosada con la Conferencia Episcopal Argentina.
Empero los obispos católicos consultados prefirieron no polemizar, aunque aclararon que no es correcto hablar de “privilegios” de la Iglesia y advirtieron que muchas veces se confunde libertad con igualdad religiosa.
El intento gubernamental en pos de un reconocimiento “efectivo” de la diversidad de opiniones de fe presentes en el país, comenzó a motorizarse después de que la primera mandataria recibió el pasado 10 de enero en la Casa Rosada a referentes de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).
Aquel encuentro tuvo carácter “histórico” porque era la primera vez, desde el advenimiento de la democracia, que un jefe de Estado mantenía una audiencia con una entidad representativa de las confesiones cristianas más antiguas.
En ese marco, Fernández de Kirchner escuchó los reclamos evangélicos y, según reveló el titular de la FAIE, Néstor Míguez, dispuso que se haga algo de inmediato para corregir lo que consideró una desigualdad religiosa. La tarea de avanzar en ese sentido quedó a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y del secretario de Culto, Guillermo Oliveri.
La polémica es de vieja data y se actualizó el año pasado, cuando Míguez reclamó en una audiencia pública por la reforma del Código Civil que no haya más privilegios para la Iglesia Católica y exigió que se avance en la separación de Iglesia y Estado, además de derogar la ley 21.745 que impone el Registro de Cultos.
Esta norma, vigente desde 1977, es cuestionada por quienes entienden que el Registro tiene sólo la intención de “fichar” y saber quién es quién en el ámbito religioso.
Y hasta generó chisporroteos en la interna eclesiástica, a raíz de que una reflexión del arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, en otra audiencia por el Código Civil que se interpretó como un guiño católico al reclamo evangélico.
“Si lo que se busca es una mayor igualdad religiosa, lo que debe procurarse es ‘igualar hacia arriba’, reconociendo el valor intrínseco de la dimensión religiosa, y no igualar hacia abajo quitando a la Iglesia Católica lo que en justicia le corresponde”, argumentó el prelado correntino.
Los referentes más conservadores de la Iglesia le saltaron a la yugular a Stanovnik y hasta se ocuparon de denostarlo en Roma, a fin de que se diluya una supuesta candidatura suya a suceder al cardenal Jorge Bergoglio al frente del arzobispado de Buenos Aires.
Sin embargo, en ambientes católicos es sabido que desde que Néstor Kirchner llegó al poder, el gobierno pretende derogar o introducir cambios en la Ley de Cultos.
La idea es impulsada por Oliveri, quien en varias oportunidades expresó la voluntad de “dar una vuelta de página definitiva” a esa norma legal impuesta por la dictadura.
Pese a ello, los proyectos de ley en este sentido nunca prosperaron en el Congreso. Incluso una iniciativa del diputado Alfredo Atanasoff en este sentido fue criticado por los evangélicos por incompleto, reglamentarista e inmiscuirse en la vida interna de los grupos religiosos.
Oliveri logró, sin embargo, flexibilizar en 2005 el Registro para facilitar el reconocimiento de la personería jurídica de las entidades religiosas no católicas, hasta entonces obligadas a establecerse como asociaciones civiles e impedidas de acceder a beneficios impositivos.
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