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PUNTOS DE VISTA: EL DEBATE SOBRE LA MINERÍA AURÍFERA EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
00:24 05/01/2012
No se puede iniciar un mandato gubernamental legislando a espaldas de la sociedad, buscando sancionar o derogar importantes leyes (nacionales y provinciales), en sesiones exprés o aceleradas, cuando la población está distraída pensando en los festejos de fin de año.
El gobierno nacional ya ha dado muestras de hacerlo de ese modo con la nueva y peligrosa ley antiterrorista, exigida por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), sancionada en estos días "casi en la clandestinidad" –como dijera el ensayista Eduardo Gruner– y votada por parlamentarios oficialistas que se consideran a sí mismos como "nacional y populares", pese al coro de voces críticas que la ley levantó, que incluyeron desde organizaciones de derechos humanos hasta el juez de la Corte Raúl Zaffaroni.
A nivel provincial, el gobierno rionegrino se propone replicar al gobierno nacional, pero en el terreno de la minería a gran escala, pese a la oposición de la pastoral social, organizaciones y expertos independientes. Ciertamente, el nuevo gobierno se propone derogar, sin debate público alguno, entre gallos y madrugada, este 29 de diciembre, la ley 3981 que en su artículo primero prohíbe la actividad minera en todas sus fases, con uso de sustancias químicas, como el cianuro y el mercurio. Dicha normativa, que se apoya en tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental, fue sancionada en el 2005 como producto de la lucha social en la zona de la Línea Sur, la cual involucró a los pobladores, muchos de ellos pueblos originarios, articulados con las asambleas socioambientales de la localidad de Jacobacci y de zonas cercanas.
Que este tipo de minería a gran escala es insustentable está probado por cientos de informes e investigaciones de carácter científico, que ponen énfasis en diversos aspectos, entre los cuales sólo mencionaremos algunos: la contaminación (de la tierra, el agua y el aire) que produce la actividad; el alto consumo de agua y energía que requiere la minería a gran escala, lo cual es incompatible con el desarrollo de economías regionales (ganadería, agricultura, turismo); las falsas promesas de empleo y el terrorismo estadístico en el cual incurren sus defensores, mintiéndole a la población acerca de los puestos de trabajo que la actividad genera, cuando en realidad se trata de una actividad capital-intensiva y no trabajo-intensiva; los exiguos ingresos fiscales que ésta provee, favorecida por la normativa nacional existente desde los 90; la consolidación de economías de enclaves, dado que la megaminería trasnacional no genera cadenas productivas en la región donde se instala pues es pura extracción, sin valor agregado, cuyo destino es la exportación.
Tampoco resulta un secreto que la megaminería ha abierto en toda América Latina las puertas a un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos, ambientales y colectivos; derechos amparados por la normativa nacional e internacional, que incluyen también los de los pueblos originarios. En realidad, dichas violaciones repercuten sobre los llamados derechos de primera generación, como son el de la libre expresión y el de petición, lo cual ha habilitado una peligrosa espiral de criminalización y judicialización de los reclamos sociales. Desde esta perspectiva, el pronóstico para la democracia argentina y latinoamericana comienza a ser verdaderamente oscuro y preocupante.
Hoy se nos dice a los rionegrinos que más preocupante es la situación de emergencia económica que se vive en la Línea Sur, a raíz de la erupción del volcán Puyehue, y las consecuencias que han traído las cenizas sobre la actividad ganadera de la zona. Sin embargo, ello constituye una falacia. No es cubriendo un mal con otro mal que puede producirse el bien, y mucho menos cuando se trata de recursos naturales no renovables, de carácter público o colectivo.
Dicho sea de paso, la ley nacional de Protección de los Glaciares, sancionada en el 2010, tiene aplicación en todo el territorio argentino (a excepción de San Juan, donde está judicializada) y no requiere, desde el punto de vista legal, de ninguna adhesión provincial como la que el Ejecutivo se propone enviar a la Legislatura junto con la propuesta de derogación de la ley que prohíbe la megaminería. En realidad, esta adhesión opera de facto una división del territorio en "áreas protegidas" (la cordillera, por la vía de la ley de glaciares) y "áreas de sacrificio" (la meseta, por el ingreso de la minería). Pero no es decretando "área de sacrificio" a la meseta patagónica que la provincia podrá combatir el grave deterioro de la economía en la zona afectada. Las poblaciones mapuches lo saben desde siempre, pues históricamente detrás del discurso que habla del "desierto patagónico" sólo han encontrado "conquista", esto es, genocidio y expropiación, y un crecimiento económico que sólo beneficia a unos pocos y en especial a la rentabilidad de las empresas trasnacionales.
El Estado provincial debe buscar por la vía sana de las políticas públicas inclusivas y la participación democrática las soluciones económicas y sociales sustentables que resguarden a las poblaciones y los territorios, sin chantajearlas en nombre de la "emergencia económica" ni estableciendo "zonas de sacrificio" cuyo saldo histórico, en términos de exclusión, los pueblos originarios conocen muy bien.
Tampoco de nada sirve la propuesta del gobierno rionegrino de crear por ley el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam), cuya función sería la de evaluar los estudios de impacto ambiental que la actividad minera pudiera producir en la provincia de Río Negro, pues ésta ya nos instalaría ante los hechos consumados, habilitando la entrada de la minería transnacional a gran escala y a cielo abierto en la provincia. Además de ello, las audiencias públicas enfrentarían a la población a debatir uno por uno los proyectos específicos, cuando de lo que se trata es de debatir las características generales de un modelo, que por su envergadura y consecuencias –sociales, económicas, ambientales y políticas– hoy es considerado una síntesis de mal desarrollo.
La ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto en Río Negro, con determinadas sustancias químicas, es el resultado genuino de las luchas sociales y expresa la necesidad de colocar en la agenda pública y política la discusión sobre los modelos de desarrollo, en función de valores como el respeto a la vida, el bienestar común y los derechos humanos de los que estamos ahora y los que vendrán en el futuro.
En suma, si en realidad el gobierno provincial quiere instalar un verdadero debate sobre el tema, el ámbito de discusión pública exige la participación de la población involucrada y de expertos independientes –de los poderes políticos y económicos– de las diferentes disciplinas, con llamado a audiencias públicas desde el Congreso, previo a cualquier intento de modificación. Esto se hizo, por ejemplo, a nivel nacional, con la citada ley de Protección de los Glaciares, la cual, más allá de las asimetrías, generó un proceso de discusión pública en el cual participaron desde federaciones de viñateros, organizaciones ambientalistas, miembros de asambleas ciudadanas, académicos y expertos independientes, hasta cámaras empresariales, políticos y funcionarios de todo tipo y calibre. Pero para ello el gobierno rionegrino debe renunciar a la iniciativa de modificación de la ley –prevista para la sesión parlamentaria del 29 de diciembre– y proponer la reapertura de una discusión pública para el año próximo con vistas a un debate serio, participativo y democrático sobre las características y consecuencias del modelo minero. Así, qué queremos, cómo y para quién producir, y cómo democratizar decisiones que son de interés común deberían ser algunos de los ejes de la discusión pública.
(*) Licenciada en Filosofía y doctora en Sociología
Maristella Svampa (*)
